Guardería ABC: ¿Hay justicia a 15 años de la tragedia?

Hoy estamos de luto nacional: se cumplen 15 años de la tragedia ocurrida en la Guardería ABC, en Hermosillo, Sonora, donde 49 pequeños vieron sus vidas truncadas gracias a la corrupción y negligencia. Algunas cabezas han rodado y otras andan por ahí como si nada. ¿Se habrá hecho ya suficiente justicia para las familias de estos inocentes?

Los hechos

El día 5 de junio de 2009, aproximadamente a las 14:45 horas y mientras los niños dormían la siesta, el fuego comenzó en una bodega vecina perteneciente a la Secretaría de Hacienda debido al sobrecalentamiento de un sistema de enfriamiento que se fundió y provocó el incendio al caer sobre más de cinco toneladas de archivo.

Esa bodega era utilizada para almacenar placas vehiculares, además de muebles de oficina y grandes cantidades de documentos.

La Guardería ABC compartía un muro con dicha bodega, cuyos empleados afirmaron haber laborado desde las 8 de la mañana hasta 10 minutos antes de la tragedia, momento en que dijeron haber abandonado el lugar tras apagar los sistemas de aire acondicionado.

El incendio se esparció por toda la bodega y el humo a altas temperaturas circuló hacia la guardería, donde había 176 niños durmiendo y aproximadamente 50 empleados, lo que resultó en la triste muerte de 49 menores de entre 10 meses y 4 años de edad, y 104 más lesionados o expuestos a la inhalación de gases tóxicos.

¿Por qué se incendió la Guardería ABC?

El muro compartido entre la bodega y la estancia infantil tenía dos rieles metálicos horizontales incrustados que presentaban orificios y en algunas secciones no alcanzaban a unirse a la pared. En la parte superior del muro había otros boquetes y, además, la bodega no contaba con extintores o alarmas contra incendio al momento del fatal siniestro.

Por si fuera poco, el edificio de la guardería contenía materiales tóxicos, puertas de emergencia clausuradas, falsos techos y tabiques endebles, además de que no existían detectores de humo ni extintores, por lo que la rapidez del incendio se incrementó debido a que el techo tenía un recubrimiento de poliuretano y en el área de usos múltiples había un toldo de plástico PVC. Estos materiales inflamables entorpecieron la evacuación de los niños y provocaron su muerte, la mayoría por asfixia.

Las investigaciones posteriores determinaron que la guardería tampoco cumplía con los requisitos de seguridad mínimos, como detectores de humo, señalización de las rutas de evacuación, extintores y el número adecuado de salidas de emergencia. Si la Guardería ABC —administrada por particulares y no apta para resguardar a 176 menores de edad al cuidado de 50 empleados— hubiera cumplido con la normatividad y los requisitos de seguridad, los daños provocados por el incendio hubieran sido mucho menores o simplemente no hubieran ocurrido.

Para operar, los dueños de la estancia debieron haber cumplido con los diversos requisitos del documento “Bases para la subrogación de servicios de guardería del esquema vecinal” emitido por el IMSS. Sin embargo, pese a no cubrirlos, el 8 de mayo del 2001 se les concedió un permiso por cinco años y en 2007 otro a vencer hasta finales de 2009.

¿Qué dijo el gobierno?

El 6 de junio de 2009, Felipe Calderón y su esposa, Margarita Zavala, visitaron en hospitales de Sonora a algunos de los niños sobrevivientes y prometieron encarecidamente a las familias la investigación de los hechos.

Nuestros pensamientos, nuestras acciones y nuestras oraciones están con las familias que hoy están viviendo esta terrible situación. Como mexicano, como padre de familia, como Presidente de la República estoy, verdaderamente, entristecido y consternado desde el momento en que me enteré de esta tragedia.

Felipe Calderón Hinojosa

Para su mala suerte, apenas un día después de las declaraciones presidenciales se supo que una de las dueñas de la guardería, Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo, es familiar de Margarita Zavala.

¿Quién es Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo y por qué no está en la cárcel?

Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo es prima de Zavala. Fue una de las dueñas del lugar y aunque se confirmó que el incendio y fallecimiento de los menores fue por negligencia en el manejo de la Guardería ABC, quedó exonerada enseguida.

Olga Wornat, autora del libro “Felipe, el oscuro” —en el que habla sobre los seis años de la presidencia de Calderón, su declarada guerra contra el narcotráfico y otras linduras— relata:

A los pocos días, se reveló que Marcia Altagracia Gómez del Campo, prima de Margarita Zavala, era una de las dueñas de la guardería. Tiempo después, y gracias a su ayuda, Marcia fue exonerada de toda responsabilidad judicial por la tragedia. Sin culpa ni cargo de conciencia, Margarita movió los hilos del poder judicial y su parienta quedó liberada de un crimen, el peor de todos, el más injusto. Hasta hoy, la tragedia de la Guardería ABC está impune y la pareja presidencial nunca pidió perdón a los padres.

La autora explica también en su texto que, cuando a Margarita Zavala se le preguntó por su prima, ella se limitó a contestar que no tenía la fortuna de conocerla y que lo único que sabía era que “tenían una bisabuela en común”, aunque antes de la tragedia solían aparecer juntas en eventos familiares. Además, Gómez del Campo era miembro activo de la élite en Hermosillo y gustaba de aparecer en las secciones de sociales de los periódicos de la ciudad.

Sin embargo, y con la lengua chorreando sangre por la mordidota que se pegó al decir lo siguiente, Zavala aseguraba:

Sin importar de quién se trate, se llevarán a cabo las investigaciones y acciones correspondientes contra los responsables del incendio.

Por su parte, el juez federal Antonio Salido Suárez, esposo de Marcia, deslindó a Margarita Zavala y a Felipe Calderón de cualquier tipo de relación legal respecto a su esposa, quien pese a haber enfrentado cargos por homicidio debido al incendio en la Guardería ABC actualmente se encuentra libre, seguramente haciéndose fotitos para Caras (¿Con cuál…?) o Quién (…mató a esos niños?).

¿Qué ha pasado con los demás involucrados?

El 18 de julio de 2009, Daniel Karam Toumeh, Director de Finanzas del IMSS en ese entonces, cesó a Carla Rochín Nieto, coordinadora nacional de guarderías, y a Sergio Salazar, director de prestaciones económicas y sociales del IMSS.

En ese periodo también fueron cesados Arturo Leyva, delegado estatal del IMSS; Emigdio Martínez, jefe delegacional de Prestaciones Económicas y Sociales; Noemí López, coordinadora delegacional de Guarderías, y Delia Irene Botello Amante, coordinadora zonal de Guarderías en Hermosillo.

Días después, el 5 de agosto de 2009, El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación inició una investigación independiente de los hechos con fines informativos a petición de los padres de los niños fallecidos.

En ese documento, la SCJN reveló que, al momento de la tragedia, existía un desorden generalizado en la cesión de contratos de estancias infantiles por parte del IMSS, lo que derivó en supervisión y vigilancia intermitente o nula en esos espacios. Lo puedes leer aquí.

Luego, en 2011, algunos funcionarios de bajo rango fueron aprehendidos y encarcelados por las autoridades debido a su presunta responsabilidad en delitos de ejercicio indebido del servicio público. Por ejemplo, la ya mencionada Delia Irene Botello Amante fue detenida el 30 de junio de ese año, aunque liberada en 2014.

Otros tres exfuncionarios que ya estaban en prisión también fueron liberados tras su comparecencia por tratarse de “testimonios insuficientes”, según la PGR: Gilberto Inda Durán, exsecretario de Hacienda de Sonora; Wilebaldo Alatriste Candiani, extitular de la Unidad Estatal de Protección Civil y Jorge Luis Melchor Islas, exjefe del Departamento de Control Vehicular de la Secretaría de Hacienda de Sonora.

En tanto, el 13 de mayo del 2016, el juez primero de Distrito en el estado de Sonora dictó sentencia condenatoria en contra de 19 de los 22 involucrados. El fallo judicial fue recurrido por las vías legales correspondientes y continúa en espera de resolverse en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Según la FGR, ninguno de ellos tenía cargos relevantes dentro de las dependencias, lo que provoca la indignación por parte de las asociaciones conformadas por los padres de los 49 bebés fallecidos y de la sociedad en general para que haya una justicia efectiva que vaya también por los peces gordos.

De ese modo, el director del IMSS, Zoé Robledo, anunció el 5 de junio del 2019 una denuncia contra el exgobernador de Sonora, Eduardo Bours, para que incluya a un total de 18 exfuncionarios que por acción u omisión serían los presuntos responsables de la tragedia.

¿Es el de la Guardería ABC un caso cerrado?

Mediante el mecanismo de transparencia, la FGR dio a conocer que mantiene abiertas 12 averiguaciones previas y cuatro carpetas de investigación luego de que un juez vinculó a proceso y obtuvo formal prisión contra dos exfuncionarios del IMSS por su probable responsabilidad en el caso.

Los dos vinculados a proceso son Carla Rochín Nieto y Sergio Salazar, las primeras cabecitas panistas cortadas de la maraña de corruptelas, por los delitos de lesiones y homicidio culposo en su modalidad de comisión por omisión.

Además de ellos, apenas el pasado 26 de mayo de 2021 La Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó la culpabilidad de 22 personas por negligencia. Sin embargo, la Primera Sala de la Corte ordenó a un Tribunal Unitario en Hermosillo, Sonora, revisar nuevamente el caso para reducir las penas de prisión que dictó en 2017 de entre 14 y 29 años.

Los ministros resolvieron los amparos de Antonio Salido Suárez, secretario del Consejo de Administración de la Guardería, y de Martín Lugo Portillo, ex director de Bomberos de Hermosillo, condenados a 28 años y 11 meses de prisión. La Corte consideró que el tribunal unitario “actuó indebidamente” al multiplicar las penas de cada inculpado por 92 víctimas, porque “esto fue violatorio de los derechos constitucionales que tienen los inculpados”. ¿Y los derechos a la vida, la salud y la seguridad de esos 49 niños?

¿Qué sigue para los deudos de la Guardería ABC?

El 12 de marzo de 2020, el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió con los padres de los niños fallecidos y lesionados durante la tragedia de la Guardería ABC. Al día siguiente firmó un decreto en el que se garantiza la atención médica a las víctimas, tanto menores como docentes, que resultaron lesionadas por el incendio. Además, garantizó la entrega de una pensión vitalicia para los menores afectados que, a partir de los 18 años, “tengan una lesión incapacitante por quemaduras que les impida mantenerse por su propio trabajo”.

¿Y la justicia, ‘apá?

Tras las condenas reducidas y con Gómez del Campo libre, las asociaciones afines a los padres de aquellos 49 pequeños que perdieron la vida gracias a la corrupción y nepotismo del gobierno calderonista y la indolencia de funcionarios estatales y locales no tienen otra que seguir luchando por la mayor retribución posible del daño. Nada ni nadie les devolverá a sus hijas e hijos ni la dicha perdida de haberlos visto convertidos en adolescentes y jovencitos al día de hoy. Lo que ellos exigen con todo derecho es justicia y eso es algo que tanto el gobierno de Andrés Manuel López Obrador —a nivel federal— como el de quien resulte electo como gobernador en Sonora tras las elecciones de este domingo, deben resolver sin falta, pretexto ni (más) demora.

Que nadie se olvide de estas caritas, ni hoy ni nunca.